Llevamos veintidós días de guerra en Irán y el Estrecho de Ormuz está, a efectos prácticos, cerrado. La Guardia Revolucionaria iraní prohibió la navegación, sembró minas navales —Estados Unidos ha destruido al menos dieciséis minadores— y un dron marítimo alcanzó al petrolero Sonangol Namibe cerca de Kuwait, extendiendo la zona de peligro hasta el Océano Índico. La Organización Marítima Internacional abrió consultas de emergencia el 18 de marzo con el estrecho «efectivamente clausurado». Por allí pasa el 20% del petróleo mundial y una proporción similar del gas natural licuado global. No estamos ante una crisis menor: la Agencia Internacional de la Energía la califica como la mayor disrupción del suministro energético desde la crisis del petróleo de 1973.
El precio de la energía se dispara
El Brent ha pasado de unos 72 dólares antes del conflicto a un pico de 126 dólares por barril, y no ha bajado de los 100 desde el 13 de marzo. Wood Mackenzie sitúa los 150 dólares como escenario probable y no descarta los 200. El gas natural europeo se ha encarecido un 60% en tres semanas, agravado por la destrucción del complejo de GNL de Ras Laffan en Qatar —que representaba el 17% de la capacidad global de exportación de gas licuado— tras el ataque con drones iraníes. Europa llegaba ya debilitada: las reservas de gas se habían agotado durante un invierno 2025-2026 especialmente duro.
España: menos expuesta de lo que parece, pero no inmune
Es cierto que España no importa petróleo iraní —ningún país europeo lo hace— y que diversifica sus compras entre más de 26 proveedores. También es cierto que las renovables cubrieron el 56% de la generación eléctrica en enero de 2026, con la eólica al 21,6% y la solar fotovoltaica al 18,4%. Son datos que invitan al optimismo.
Pero el optimismo dura poco cuando el petróleo sigue representando el 51% de la demanda energética final del país. El transporte, la industria petroquímica, la agricultura mecanizada: todo eso funciona con derivados del crudo, y el crudo cotiza en un mercado global. Da igual que tu barril venga de Nigeria o de México: si Ormuz cierra, el precio sube para todos.
Los surtidores españoles ya lo reflejan. La gasolina Euro 95 ronda los 1,80 euros por litro, el diésel se acerca a los 2 euros, y las subidas semanales del 6,75% y el 11,6% respectivamente no dan señales de frenarse. Para un transportista que recorre 150.000 kilómetros al año, hablamos de miles de euros adicionales al mes. Para una familia media, de un mordisco creciente a un presupuesto que ya estaba tenso.
El problema del gas: más sutil, más peligroso
España tiene la mayor capacidad de regasificación de Europa y fue origen de la mitad de todas las reexportaciones europeas de GNL en el primer semestre de 2025. Eso nos convierte en una pieza clave del tablero energético europeo, pero también nos expone. La destrucción de Ras Laffan no solo reduce la oferta global de gas: elimina una fuente a la que Europa pretendía recurrir para compensar el abandono definitivo del gas ruso, que España debe completar antes de que termine 2026. ¿Con qué lo sustituimos ahora?
No hay una respuesta fácil. Estados Unidos puede exportar más GNL, pero su capacidad no es ilimitada y sus precios reflejan la misma tensión global. Argelia, nuestro proveedor histórico por gasoducto, tiene sus propias limitaciones de producción. Y el mercado spot de GNL se ha convertido en una subasta donde los compradores asiáticos —China, Japón, Corea del Sur— pujan con billeteras considerablemente más abultadas que la europea.
El plan de choque del Gobierno: necesario pero insuficiente
Pedro Sánchez presentó el 20 de marzo un paquete de 80 medidas valorado en 5.000 millones de euros. Lo esencial: bajada del IVA de carburantes, electricidad y gas natural del 21% al 10%; subvención directa de 20 céntimos por litro para transportistas, agricultores y ganaderos; descuento del 42,5% en la factura eléctrica para hogares vulnerables (57,5% para los severamente vulnerables); bono social térmico mínimo de 50 euros; y tramitación acelerada de permisos para instalaciones renovables.
Son medidas que alivian, pero no resuelven. Si el barril se instala por encima de 120 dólares durante meses —y todo apunta a que así será mientras Ormuz permanezca cerrado—, 5.000 millones se quedan cortos. El FMI ya ha recortado la previsión de crecimiento de España al 2,1%, dos décimas menos. Goldman Sachs estima que el conflicto restará 0,3 puntos al PIB global y añadirá entre medio punto y 0,6 puntos a la inflación. La eurozona podría desacelerarse al 0,5% interanual en el segundo semestre.
La posición política: coherente pero costosa
España se ha situado en el extremo crítico de la respuesta europea. El Gobierno califica la guerra de «ilegal», se opone «radicalmente» y ha denegado a Estados Unidos el uso de bases militares en territorio español. Es una posición coherente con el derecho internacional. Pero tiene costes: en un momento en que necesitamos aliados para diversificar suministros energéticos y negociar precios, la distancia con Washington —que controla buena parte de la oferta alternativa de GNL— no es trivial.
Trump, por su parte, ha pedido a los países que reciben petróleo por Ormuz que «se ocupen de ese paso» militarmente. España, junto con Alemania, Italia, el Reino Unido y otros, ha rechazado la petición. La UE impulsa reconvertir su misión naval para proteger el tránsito por el estrecho, pero el consenso es frágil y la capacidad operativa, limitada.
¿Y si esto dura meses?
Es la pregunta incómoda. Trump ha hablado de «reducir» las operaciones militares pero descarta un alto el fuego con Irán. La AIE ha coordinado la mayor liberación de reservas estratégicas de la historia: 400 millones de barriles entre 32 países, de los que España aporta 11,5 millones. Pero esas reservas dan para 120 días. ¿Y el día 121?
Si el conflicto se prolonga más allá del verano, España se enfrentará a un escenario que no ha vivido en décadas: una crisis energética estructural en plena transición verde. Las renovables al 56% de la electricidad son un colchón extraordinario —sin ellas, estaríamos en una situación dramática—, pero la electricidad es solo una parte de la ecuación energética. El transporte por carretera, la aviación, la industria pesada, la petroquímica: todo eso sigue enganchado al petróleo, y el petróleo depende de que por Ormuz pasen 20 millones de barriles diarios.
La lección que deberíamos aprender
Cada crisis energética nos recuerda lo mismo: la dependencia de los combustibles fósiles no es solo un problema medioambiental, es un problema de soberanía. Mientras nuestro modelo de transporte dependa del petróleo, estaremos a merced de lo que ocurra en un estrecho de 33 kilómetros de ancho al otro lado del mundo. La electrificación del transporte, el despliegue masivo de renovables, el almacenamiento energético, el hidrógeno verde: no son caprichos ideológicos, son la única póliza de seguro real contra crisis como esta.
España ha avanzado más que muchos de sus vecinos en esta dirección. Pero no lo suficiente, y no lo bastante rápido. Cada mes que el Estrecho de Ormuz permanezca cerrado será un recordatorio —caro, doloroso y perfectamente evitable— de que la transición energética no es una opción: es una urgencia.